Preguntas Frecuentes

• Derecho a que se exprese el motivo de la privación de libertad.

• Derecho a ser conducido sin demora al tribunal.

• Derecho a solicitar la libertad.

• Derecho a entrevistarse privadamente con su abogado.

• Derecho a recibir visitas y comunicarse.

• Solicitar medidas de protección.

• Presentar querella.

• Demandar perjuicios civiles.

• Ser oída por el fiscal antes de que resolviera la suspensión del procedimiento o terminación anticipada.

• Ser oída por el tribunal antes de que éste se pronuncie acerca del término de la causa.

El Ministerio Público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará conforme a la ley la vigencia de sus derechos durante el procedimiento.

El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este deber no importará el ejercicio de las acciones civiles que pudieren corresponderle a la víctima.
Asimismo, la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiere intervenir.

En los delitos cuya consecuencia fuere la muerte del ofendido y en los casos en que éste no puede ejercer los derechos que este se le otorgan, se considerará víctima:

• Al cónyuge y a los hijos.

• A los ascendientes.

• Al conviviente.

• A los hermanos.

• Al adoptado o adoptante.

Para los efectos de poner en movimiento la actividad estatal destinada a castigar los culpables del delito, la enumeración precedente constituye un orden de prelación.

El acuerdo reparatorio es una salida alternativa en cuya virtud el imputado y la víctima convienen formas de reparación satisfactorias de las consecuencias dañosas del hecho punible y que, aprobado por el Juez de Garantía, produce como consecuencia la extinción de la acción penal.

Es una alternativa al juicio oral. Supone un acuerdo entre el imputado y el fiscal del Ministerio Público, en virtud del cual el primero acepta expresamente los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación que la fundan y consiente en someterse a este procedimiento, y el segundo solicita la imposición de una pena que no exceda de cinco años. En virtud de este acuerdo, y siempre que cumpla con los requisitos legales, el juicio se desarrolla directamente ante el Juez de Garantía, quien en su sentencia condenatoria no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el fiscal del Ministerio Público.

Usted debe contactarse rápidamente con nosotros para que pueda demandar a su ex empleador.

Una vez que usted ha sido despedido tiene un plazo de 60 días hábiles para demandar. Este plazo se suspende durante el tiempo en que se tramita el reclamo administrativo ate la Inspección del Trabajo. En todo caso, deberá deducir su demanda dentro del plazo de 90 días hábiles, contados desde el despido, aunque haya deducido reclamo.

Si el empleador no cumple con sus obligaciones contraídas en el contrato, usted tiene el derecho a autodespedirse y cobrar las indemnizaciones legales, enviando una carta a su empleador con los fundamentos y dejando constancia en la Inspección del Trabajo. Una vez hecho esto usted tiene el plazo de 60 días hábiles para demandar.

Si usted sufre un accidente laboral por negligencia de su empleador, usted tiene derecho a demandar exigiendo que le compensen los daños causados a consecuencia del accidente.

La ley establece que el trabajador tiene la opción de escoger demandar en el lugar donde efectivamente prestó servicios o donde tenga sucursales.

La Ley Bustos, es la ley que sanciona al empleador que no ha pagado las cotizaciones previsionales de AFP, FONASA O ISAPRE y Seguro de Cesantía. La sanción consiste en que el despido no produce la terminación del contrato de trabajo, pues es nulo, y el empleador estará obligado a pagar el total de las remuneraciones hasta que convalide el despido, pagando íntegramente las cotizaciones adeudadas.

En la actualidad existen los Tribunales de Cobranza Laboral y Previsional, los que se encargan de cobrar lo obtenido en un juicio. También estos tribunales se encargan del cobro de cotizaciones previsionales impagas.

No se puede divorciar cuando hay pensiones de alimentos adeudadas. Este punto debe ser resuelto antes de poder solicitar o demandar el divorcio.

• El cónyuge al otro cónyuge.

• Los descendientes (hijos) al padre y/o la madre, o en su defecto a los abuelos.

• Los ascendientes (padres o abuelos) a los hijos o nietos.

• Los hermanos.

• El que hizo una donación cuantiosa al donatario (quien la recibió).

• Quienes sean afectados por alguna incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismos, también pueden demandar por alimentos hasta los 28 años.

Cuando deja de existir el motivo por el cual se establecieron los alimentos, es decir, los alimentos que corresponden a los descendientes y a los hermanos pueden ser pedidos para los menores de 21 años, excepto que estén estudiando, caso en el cual, pueden pedirlos hasta los 28 años.

Demandar el cese de alimentos.

No, es obligatorio demandar representado por un abogado. Existen excepciones, las cuales serán permitidas por el juez expresamente atendida la baja complejidad del tema o que se trate de alguno de los siguientes asuntos:

• Medidas de protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes.

• Violencia Intrafamiliar.

• Actos judiciales no contenciosos.

• Procedimientos por faltas cometidas a la legislación vigente que sean cometidas por adolescentes, salvo las excepciones legales.

Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge incluso, el tercer grado del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia cuando la conducta referida anteriormente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre una persona menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Podrá denunciar el hecho a Carabineros o Policía de Investigaciones, quienes remitirán los antecedentes al tribunal correspondiente o podrá denunciar el hecho directamente en el Tribunal de Familia que corresponda. El tribunal adoptará las medidas tendientes a garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia.

Al instante que llega la notificación, debe contactarse con nosotros para que pueda contestar la demanda antes de los cuatro siguientes días y así proteger su patrimonio lo mejor posible.

También denominado traba del embargo, inmediatamente debe ponerse en contacto con nosotros a fin de proteger sus bienes por medio de una tercería de posesión, la que debe ser presentada y tramitada por un abogado.

Si bien es una situación muy complicada, de todos modos aún tiene tiempo de interponer una tercería de posesión por medio de uno de nuestros abogados a fin de poder recuperar sus bienes.